¿Es lícito defender por la fuerza a la comunidad cristiana?
En el discurso contemporáneo, es común asociar la fe con un pacifismo absoluto y definir la paz simplemente como la ausencia de conflicto. Desde esta óptica, cualquier uso de la fuerza se percibe como una contradicción moral. Sin embargo, la tradición católica ofrece un marco de pensamiento mucho más complejo, exigente y, para muchos, sorprendente, que obliga a ir más allá de los titulares y las simplificaciones.
Este artículo explora cuatro ideas clave de esta tradición que desafían la sabiduría convencional. Lejos de ser meras curiosidades teológicas, presentan un robusto marco moral para navegar los dilemas del conflicto en el mundo real, distinguiendo entre violencia y fuerza legítima, y entre el desorden y una paz auténtica.
1. La paz no es la ausencia de guerra, sino la "tranquilidad en el orden"
El primer concepto que rompe los esquemas habituales es la definición misma de la paz. Desde la perspectiva doctrinal, la paz no es simplemente la falta de una guerra. San Agustín la definió de una manera mucho más profunda y positiva: "la tranquilidad en el orden".
Esta idea vincula la paz de forma inseparable con la justicia, bajo el principio latino Opus iustitiae pax (la paz es obra de la justicia). Esto significa que sin un orden justo, donde se respete la dignidad humana y se dé a cada uno lo que le corresponde, un estado de "no guerra" no es paz, sino una forma de desorden latente. Una tregua impuesta por la fuerza o el miedo no genera una paz verdadera si la injusticia que originó el conflicto sigue presente.
Para ilustrarlo, podemos usar la analogía de una orquesta filarmónica. La paz no es el silencio que reina cuando los músicos no tocan sus instrumentos (la ausencia de guerra). La paz es la armonía que se produce cuando cada instrumento toca la nota correcta en el momento preciso, siguiendo un orden establecido. Es esa "tranquilidad en el orden" la que crea la música; de lo contrario, solo habría ruido y caos.
2. La "Guerra Justa" tiene un examen de admisión increíblemente estricto
Si bien la doctrina contempla el uso de la fuerza militar, lo define rigurosamente como una aplicación del derecho y del deber de legítima defensa, ordenada por una autoridad legítima responsable del bien común. Considerado un último y extremo recurso, la teoría de la "guerra justa" no es una carta blanca para la agresión, sino un conjunto de condiciones increíblemente estrictas que deben cumplirse simultáneamente para que una acción militar sea considerada moralmente lícita.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica (número 2309), estas cuatro condiciones son:
• Que el daño que el agresor cause a la nación o a la comunidad jurídica debe ser persistente, de gran magnitud y estar plenamente comprobado.
• Que todos los demás recursos y medios pacíficos para poner fin a la agresión deben haber resultado impracticables o ineficaces, lo que convierte a la fuerza en el último recurso disponible.
• Que deben reunirse condiciones serias de éxito antes de emprender la acción militar.
• Que el empleo de las armas no debe generar males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar.
Estas condiciones son extraordinariamente demandantes. El último punto, en particular, exige una prudencia extrema, considerando el inmenso poder de los medios modernos de destrucción. La decisión final recae en el "juicio prudencial" de los gobernantes que tienen la responsabilidad del bien común, una carga de conciencia de enorme magnitud.
3. La persecución religiosa más total no está ocurriendo donde la mayoría piensa
Cuando se habla de persecución religiosa, la atención suele dirigirse a ciertas naciones de África. Allí, la Iglesia sufre ataques severos. En Eritrea, el Estado confisca sus instituciones sociales, como hospitales y escuelas. En Nigeria, grupos militantes destruyen templos y asesinan a sacerdotes. Sin embargo, los datos revelan una realidad sorprendente: en ningún país africano se ha llegado al cierre total y absoluto de todas sus iglesias. En Nigeria, a pesar de la violencia, la comunidad católica cuenta con 35 millones de fieles.
En contraste, la persecución más sistemática y total descrita en las fuentes ocurre en Europa, específicamente en la Ucrania ocupada por Rusia. La situación allí es de una erradicación completa de la presencia católica organizada:
"en la Ucrania ocupada por Rusia no queda ni un solo sacerdote católico y que se ha cerrado cada iglesia que no esté bajo el control del gobierno."
Para entender esta diferencia se puede usar la analogía de un asedio. En partes de África, la Iglesia está perdiendo sus "muros de apoyo" —sus instituciones sociales—. En la Ucrania ocupada, el asedio ha ido más allá: ha vaciado por completo la "fortaleza" espiritual, expulsando a todos sus guías y cerrando sus puertas al culto.
4. Defenderse no es solo un derecho, es un deber (y no es lo mismo que la violencia)
Una de las distinciones más importantes que ofrece la doctrina es la que existe entre "violencia" y "fuerza legítima". La violencia se entiende como un mal o una agresión injusta. La fuerza legítima, en cambio, es la acción necesaria y proporcionada para detener esa violencia y restaurar un orden justo.
La legítima defensa es un derecho natural para proteger no solo la vida física, sino también bienes fundamentales como la libertad de culto. Más aún, la defensa se convierte en un "deber grave", especialmente para quienes tienen la responsabilidad del bien común: gobernantes, fuerzas del orden o incluso padres de familia. Desde esta perspectiva, el pacifismo absoluto no es un ideal cristiano, ya que puede dejar a los inocentes inermes ante el mal.
En este sentido, la vida cristiana se describe como una "milicia": un combate espiritual que, en ocasiones excepcionales, exige una respuesta física para defender la justicia frente a enemigos reales. La fuerza legítima puede ser comparada con el sistema inmunológico del cuerpo. No actúa por odio, sino que reacciona para repeler y neutralizar a un agente patógeno que amenaza el equilibrio y la vida del organismo, buscando restaurar la salud y el orden.
El Marco Doctrinal de la Iglesia Católica sobre el Uso de la Fuerza
1.0 Introducción: La Paz como "Tranquilidad en el Orden"
El presente informe tiene como objetivo analizar el marco ético-teológico que articula la doctrina de la Iglesia Católica en relación con el uso de la fuerza. Resulta de vital importancia comprender que esta tradición no aboga por un pacifismo absoluto, sino que fundamenta la paz en el pilar de la justicia. Desde esta perspectiva doctrinal, el pacifismo absoluto no es un ideal cristiano, ya que puede dejar a los inocentes inermes ante la agresión del mal. La doctrina católica, lejos de ser una simple condena de todo conflicto, ofrece un riguroso marco de discernimiento para situaciones extremas.
Siguiendo la definición clásica de San Agustín, citada en el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2304), la paz es la "tranquilidad en el orden". Para visualizar este concepto, la paz no es el silencio de una orquesta, sino la armonía que surge cuando cada instrumento cumple su función dentro de un orden establecido. La ausencia de ese orden, aunque silenciosa, es mero desorden, no paz.
• Obra de la Justicia (Opus iustitiae pax): La paz es el resultado de un orden social donde se salvaguardan los bienes inherentes a la dignidad humana y se respeta el derecho de cada persona. No puede haber una paz auténtica si persisten graves injusticias.
• Más que Ausencia de Guerra: Un estado de no-guerra que se sostiene sobre un desorden moral o legal, como la opresión o la persecución, no constituye una paz real. Al contrario, es un desorden que genera enfrentamientos y que, tarde o temprano, conduce a un conflicto abierto.
Este entendimiento de la paz como un orden justo y tranquilo establece las bases doctrinales para el principio de legítima defensa, que se concibe como el medio necesario para restaurar dicho orden cuando ha sido violentamente quebrantado.
2.0 El Principio Fundacional: El Derecho y Deber de la Legítima Defensa
El principio de legítima defensa constituye la piedra angular sobre la que se edifica toda la doctrina católica acerca del uso de la fuerza. Se considera un derecho natural, anterior a cualquier legislación positiva, que emana de la propia dignidad de la persona y de la obligación de preservar la vida. Esta concepción se enmarca en una visión más amplia de la vida cristiana como una "milicia", un combate espiritual y, en ocasiones, físico contra las fuerzas que amenazan la verdad y el orden.
La justificación para este principio se fundamenta en varios argumentos teológicos y morales interconectados:
• Amor a sí mismo: El Catecismo establece que el amor a la propia persona es un principio fundamental de la moralidad. Por tanto, el acto de defender la propia vida no solo es un derecho, sino un acto moralmente lícito. No se considera homicidio cuando, para repeler a un agresor injusto, uno se ve obligado a quitarle la vida.
• Extensión a bienes superiores: Este derecho no se limita a la integridad física. Se extiende a la protección de bienes espirituales esenciales, como el derecho a la expresión pública de la fe y a la adoración a Dios.
• Deber de protección: La legítima defensa trasciende el ámbito individual y se convierte en un deber grave para quienes tienen la responsabilidad de proteger a otros. Padres de familia, autoridades civiles y gobernantes tienen la obligación moral de velar por la vida de quienes están a su cargo.
En este marco, la doctrina distingue de forma precisa entre "violencia", entendida como un mal intrínseco que busca dañar, y la "fuerza legítima", concebida como un medio proporcionado y necesario para restaurar la justicia. Esta fuerza legítima opera de forma análoga al sistema inmunológico del cuerpo: no actúa por odio, sino que utiliza su energía para repeler y neutralizar a los agentes que amenazan la vida y el equilibrio del organismo social. Esta conceptualización permite pasar del derecho individual a su aplicación colectiva por parte de la autoridad legítima.
3.0 La Doctrina de la Guerra Justa: Condiciones para la Intervención Militar
La doctrina de la guerra justa es la aplicación formal del principio de legítima defensa a nivel de naciones y comunidades políticas. No es una justificación para la agresión ni una carta blanca para la guerra, sino un marco ético estricto que regula el recurso a la fuerza militar por parte de la autoridad legítima responsable del bien común. Su finalidad es limitar y condicionar rigurosamente una decisión de consecuencias tan graves.
Citando el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 2309), la tradición ha establecido cuatro condiciones estrictas y simultáneas que deben cumplirse para que una intervención militar pueda considerarse legítima:
1. Daño Duradero, Grave y Cierto: El daño infligido por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones debe ser persistente en el tiempo, de una magnitud considerable y estar plenamente comprobado. No se justifica una respuesta armada ante amenazas ambiguas, daños menores o provocaciones aisladas.
2. Ineficacia de Otros Medios: La intervención militar debe ser el último recurso. Es imperativo que todos los demás medios pacíficos para poner fin a la agresión (diplomacia, sanciones, negociaciones) se hayan demostrado impracticables o ineficaces.
3. Posibilidades Serias de Éxito: No es moralmente lícito iniciar un conflicto sin una probabilidad razonable de alcanzar los objetivos de restaurar la paz y la justicia. Una acción militar que previsiblemente conducirá a una derrota o a un estancamiento sin resolver el problema original no cumple con esta condición.
4. Proporcionalidad de los Males: Este es quizás el cálculo más crítico. El uso de las armas no debe acarrear males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. En este punto, la doctrina advierte que el poder destructivo de los armamentos modernos exige una prudencia extrema al evaluar esta condición. Una victoria que deja un rastro de destrucción desproporcionada sería moralmente inaceptable.
La complejidad inherente a la evaluación de estas condiciones plantea la cuestión fundamental de quién tiene la autoridad y la responsabilidad para realizar este juicio.
4.0 La Autoridad Competente y el Juicio Prudencial
La decisión de recurrir a la fuerza armada no es un juicio que pueda recaer en individuos o grupos particulares. La doctrina católica reserva esta grave responsabilidad exclusivamente a la autoridad legítima, es decir, a aquellos que tienen a su cargo la custodia del bien común.
La evaluación sobre si se cumplen las cuatro condiciones de la guerra justa corresponde al "juicio prudencial" de los gobernantes. Esto implica un análisis sereno, objetivo y exhaustivo de la situación. El Estado tiene el deber ineludible de proteger a sus ciudadanos, especialmente cuando enfrentan persecuciones sistemáticas, genocidio y la destrucción de sus instituciones. Los tipos de agresión que pueden justificar una respuesta varían en naturaleza e intensidad, desde la confiscación de escuelas y hospitales de la Iglesia en Eritrea, pasando por la destrucción completa de templos y el asesinato de clero en Nigeria e Iraq, hasta el cierre de cada iglesia y la expulsión de todos los sacerdotes en los territorios ocupados de Ucrania. Ante tales amenazas, las autoridades legítimas tienen el derecho de emplear las armas para repeler a los agresores.
Esta responsabilidad no se limita a las fronteras nacionales. La doctrina contempla la legitimidad de la intervención internacional cuando un gobierno local es incapaz o, de forma más grave, ha perdido la voluntad de proteger a sus propias comunidades de ataques sistemáticos. La aplicación de estos principios a lo largo de la historia ofrece ejemplos concretos de cómo se ha interpretado este marco doctrinal en situaciones de crisis extrema.
5.0 Aplicación Histórica: El Caso del Episcopado Español en 1936
El análisis de casos históricos es crucial para comprender la aplicación práctica de la doctrina sobre el uso legítimo de la fuerza. Un ejemplo significativo es la postura adoptada por el episcopado español para justificar la legitimidad del alzamiento armado que dio inicio a la Guerra Civil en 1936.
Frente a un contexto de intensa persecución religiosa, el episcopado argumentó que el conflicto no era una mera lucha por el poder político, sino una acción de "defensa de la fe y la civilización" cristiana. Su justificación se alineó explícitamente con las condiciones de la guerra justa. Desde la perspectiva del episcopado, el daño de la persecución era "duradero, grave y cierto"; los medios pacíficos se habían demostrado "ineficaces"; existían "posibilidades serias de éxito" para el alzamiento; y la defensa armada se consideraba un mal proporcionado frente a la posible aniquilación de la fe en la nación.
En conclusión, el marco doctrinal católico sobre el uso de la fuerza es un sistema ético riguroso y restrictivo. La fuerza se concibe como un último recurso excepcional, estrictamente condicionado por la justicia de la causa, la probabilidad de éxito y la proporcionalidad de los medios. Su única finalidad legítima es la defensa de los inocentes y la restauración de un orden justo, reconociendo la difícil verdad de que, en un mundo caído, la fuerza a veces se convierte en el único instrumento capaz de servir a la paz, entendida como esa "tranquilidad en el orden" que define a una civilización justa y duradera.
Fuentes:
EWTN
Professor Gnerre
Padre Zarraute
